Estimados lectores,
Desde Diciembre 2009 a la fecha, este blog ha tratado de mantener un balance entre la información disponible (y dispersa) sobre el denominado Conflicto en IPICYT (cuya acción más visible y fuerte ha sido el despido de los doctores Humberto y Mauricio Terrones Maldonado, investigadores titulares con definitividad adscritos a la División de Materiales Avanzados del instituto y líderes del llamado Grupo de Nanociencias y Nanotecnología).
En Diciembre 26 de 2009 envié un correo a los miembros de la NanoRed, expresando mi preocupación por el aparente despido injustificado de los doctores Terrones en el IPICYT y solicitando su apoyo para intentar revertir esta acción. En Diciembre 28, 2009 recibí una respuesta (no solicitada) al mismo de parte del Dr. Román López Sandoval, donde se me invitó cortesmente a no inmiscuirme en un problema que no me corresponde. La respuesta enviada el 29 de Diciembre de 2009, compartida a él y a los colegas de la Red, fue de que al final de cuentas, cualquier problema de esta índole ocurriendo en un centro público de investigación, afectando a un grupo productivo y con reconocimiento internacional, con el que numerosos investigadores -nacionales y extranjeros- tenemos vínculos de trabajo y personales, no es un problema privado, sino de interés nacional -e internacional, como hemos visto en las misivas y reportajes publicados en distintos medios a la fecha. Nosotros, como comunidad científica, nos interesamos en el quehacer de nuestros colegas, los conozcamos o no, porque la ciencia es una actividad universal y genuinamente humana.
Al día de hoy, he recibido numerosos correos de personas en México y el extranjero que piensan que el tratamiento dado por la administración del Dr. David Rios Jara no fue el apropiado y que pensamos que existen anomalías en este despido y en otros aspectos de la vida administrativa del IPICYT. También he recibido comentarios negativos y neutros sobre este problema. Todos ellos reflejan una realidad innegable: nuestro país carece de una conciencia social y de principios éticos y de comportamiento que hagan del quehacer científico una actividad valorada y respetada, incluso por varios de los mismos actores de la ciencia. Mucho parece que, como en otras áreas, se ha creado un nicho al cuál algunos acuden para implantar redes de poder y de intereses económicos, políticos y comerciales, en menosprecio a quienes nos dedicamos a la ciencia y la tecnología por las razones mas simples: porque queremos entender el mundo que nos rodea, porque nos motiva aportar y trascender hacia las futuras generaciones, porque está en nuestra naturaleza humana el preguntarnos y buscar respuestas.
Precisamente en la búsqueda de respuestas, me he encontrado con numerosos obstáculos. Las instancias oficiales a las que he acudido por éstas (CONACYT, Secretaría de la Función Pública, Gobierno del Estado de SLP), han respondido con ambiguedad, trasladado el problema a otras instancias (en donde son finalmente archivadas), invocado el principio de prescripción por tiempo para no continuar investigando o simplemente pasandose la pelotita unos a otros, como popularmente se dice. La búsqueda de la verdad -a través de la burocracia- es un proceso tortuoso y manipulado.
Sin embargo, no quiero decir que el proceso sea fuente de frustración. Creo mas bien, que fortalece el espíritu -personal y de muchas personas más que pensamos similar- por continuar exigiendo un México -y sus instituciones- libre de abuso de autoridad, justo, sin corrupción, en donde la cultura de denuncia impere y se acabe la impunidad de aquellos que creen que, por el tiempo o por el poder o ambos, son intocables. Así como (dicen algunos) nadie aguanta un "cañonazo de 10 millones de pesos", hasta la impunidad más arraigada no puede soportar a uno o más individuos encarandola de frente y denunciandola. Todo es cuestión de tiempo, por lo que hay que armarse de paciencia. Una cualidad, afortunadamente, que todo científico posee.
Nuevamente invito a la comunidad -científica y no- nacional e internacional a que revise la información existente, inquiera a los actores de ambos lados y se forme una opinión propia. Tal vez algunos piensen que lo que se hizo fue correcto, otros pensarán lo contrario. Tal vez algunos consideren que los medios no fueron los apropiados, otros supondrán que había otras salidas al conflicto. Pero al final no podemos permanecer tibios o neutros ante una situación de esta naturaleza. Sí atenta contra los principios de libertad de pensamiento y expresión, contra el derecho a investigar y cuestionarse el mundo que nos rodea. Contra el derecho fundamental de investigar. Y ese, es o debería ser considerado, un derecho fundamental de todo ser humano.
Dr. Miguel Angel Méndez Rojas, miembro del SNI, Investigador de la Universidad de las Américas Puebla, mmendezrojas@gmail.com
